El 8 de octubre de 2016 Lucía Pérez Montero, de 16 años, fue abusada sexualmente y asesinada en Mar del Plata. La respuesta no se hizo esperar e inundamos las calles de todo el país en el Primer Paro Nacional de Mujeres con la consigna “Nosotras Paramos”.
El juicio -que transcurrió durante 2018- tuvo un derrotero misógino y sin atisbos de perspectiva de género y terminó con un fallo escandaloso que condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Por el feminicidio de Lucía, el 7 de febrero a las 9 de la mañana comienza el juicio contra Matías Farías y Juan Pablo Offidani. A horas del inicio del mismo, entrevistamos a Verónica Heredia y María Florencia Piermarini*, abogadas de la familia de la adolescente.
.- ¿Cuáles son los desafíos de este nuevo juicio y qué esperan que suceda?
.- En el juicio anterior, los tres imputados habían sido acusados por un hecho, por el que fueron condenados, que fue el de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en perjuicio de menores de edad y además en cercanías de un establecimiento educativo. Este primer hecho, así determinado en el juicio anterior, es la razón por la cual fueron condenados Matías Farías y Juan Pablo Offidani a ocho años de prisión.
El segundo hecho era justamente el que ahora vamos a debatir, en perjuicio de Lucía Pérez, de 16 años de edad, ocurrido el 8 de octubre del año 2016, fue un abuso sexual agravado por el resultado de muerte y además con previo suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio. Este es el hecho denominado en su momento como hecho dos por el cual Casación estableció en agosto de 2020 que los jueces en relación a Lucía habían sido parciales, que el prejuicio de los tres jueces les había impedido cumplir con el mandato constitucional y convencional de ser imparciales y de juzgar con perspectiva de género. Esto es un mandato constitucional y también legal: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que debe investigarse y juzgarse con perspectiva de género. Es un mandato, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de que algunos jueces quieran o no quieran. Es como cumplir con el principio de que todas las personas somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario (el principio de presunción de inocencia). También es un mandato constitucional juzgar, investigar y juzgar con perspectiva de género. Así que esto es lo que se va a debatir en esta instancia.
En el tercer hecho estaba acusado por encubrimiento agravado la tercera persona, de apellido Maciel, que falleció durante la pandemia en 2020. Por lo tanto, lo único que se va a juzgar en esta instancia es el femicidio contra Lucía Pérez.
El desafío en este nuevo proceso es que no se vuelvan a repetir los mismos prejuicios que se permitieron en el juicio anterior, donde hubo preguntas, insinuaciones y reflexiones que hacían los propios jueces en el medio del debate, por ejemplo, cuestionando algunas testigos expertas en relación a qué significa la violencia contra las mujeres. Todos estos prejuicios fueron los que terminaron en una sentencia anulada por Casación de la Provincia de Buenos Aires y confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. El nuevo desafío es que no vuelvan a suceder y que tengamos finalmente una sentencia con perspectiva de género.
Esto es un mandato constitucional y también legal: la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que debe investigarse y juzgarse con perspectiva de género”.
Dra. Verónica Heredia y Dra. María Florencia Piermarini, abogadas de la familia de Lucía Pérez
.– ¿Por qué el juicio -oral y público- esta vez no es por jurado popular?
.- Por la etapa procesal en la que estamos y la forma en que quedó dictado el fallo de Casación el 12 de agosto del 2020, que anuló el juicio anterior y ordenó hacer este juicio con tres jueces técnicos. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires establece un momento para que el imputado/a ejerza el derecho de ser juzgado por un juez técnico o por un jurado popular. En este caso, no era posible realizar un juicio por jurados populares.
.– ¿Qué repercusiones hubo a nivel social con el advenimiento del juicio? ¿Tuvieron muestras de apoyo?
.- Siempre esta causa ha estado acompañada por los movimientos de mujeres, por las diferentes organizaciones y en esta nueva etapa también nos encontramos con muestras de apoyo y acompañamiento. Recordemos que la causa de Lucía Pérez fue la que convocó al primer paro de mujeres en nuestro país.
.– ¿Qué reflexión hacen sobre los avances y las deudas pendientes que tiene nuestro sistema judicial?
.- Como avance, esta causa es un hito en la jurisprudencia y en la doctrina. Esto quiere decir que vemos fallos que dan cuenta del cuidado que deben tener los jueces y las juezas a la hora de resolver y ser cuidadosos con sus propios prejuicios, porque en esta causa no solamente fue anulado el proceso sino que, además, de los tres jueces que dictaron esta sentencia, uno debió renunciar para no ser sometido al jury en el que están los otros dos jueces en un juicio por mal desempeño en sus funciones, por haber sido parciales. Pensemos que estas son causales de destitución de los jueces porque deben ser imparciales, no deben permitir que sus prejuicios se interpongan a la hora de resolver, porque deben resolver conforme a la ley. Así que este proceso marca un hito.
.- Obviamente también hay deudas porque, como dice Florencia, es una cuestión cultural. Y esto, más allá de la formación que tienen los jueces, que también es prejuiciosa, y carece de perspectiva de género.
Por ejemplo, en el proceso de Chubut, donde estuvieron a cargo tres juezas en el juicio por la violación grupal contra una jovencita, también de 16 años, ocurrido en el año 2012 en Playa Unión Provincia de Chubut. Allí las tres juezas dictaron un fallo y absolvieron a los tres imputados.
Un fallo con todos los prejuicios, avalando lo que hicieron estos varones y culpando a la jovencita de 16 años por haber ingerido alcohol y no haber hecho la denuncia en ese momento para que le tomaran el control de alcoholemia que tenía y además resaltando que tampoco tenía golpes en su cuerpo, como si estas dos fueran las únicas formas de acreditar una violación grupal.
Entonces todavía tenemos este tipo de fallos. Todavía seguimos leyendo algunos comentarios y algunas sentencias que no están acorde a derecho. Pero vamos avanzando. A nivel internacional el caso de Lucía es conocido por las barbaridades que dijeron los jueces, así que esto nosotras lo entendemos como un avance, una visibilización. Este es un nuevo proceso donde hay muchas personas que van a acompañar tanto adentro del tribunal, afuera del tribunal, por las redes y por todos lados. Así que realmente entendemos que es un gran avance en ese sentido.
A nivel internacional, el caso de Lucía es conocido por las barbaridades que dijeron los jueces, así que esto nosotras lo entendemos como un avance, una visibilización”.
Dra. Verónica Heredia y Dra. María Florencia Piermarini, abogadas de la familia de Lucía Pérez
.– ¿Qué deudas tiene el Estado en relación a este caso?
.- Si estamos ante un hecho que debe ser resuelto en el ámbito de la justicia penal es porque el Estado tiene una obligación de prevención que ha fallado previamente. Este es un caso donde vendían droga en la puerta de la escuela del establecimiento secundario donde iba Lucía Pérez, en Mar del Plata, en una avenida totalmente transitada, con una camioneta parada en la esquina del colegio. Eso ya tendría que haber sido una alerta para todo el sistema educativo y nadie advirtió esta circunstancia. Falló el sistema de educación. Desconocemos qué protocolos se establecieron a partir de este hecho en la escuela y en las escuelas en Mar del Plata, para alertar a los docentes de estas circunstancias.
Luego también falló el sistema de salud, porque a Lucía la llevan tres varones adultos. A una chica claramente jovencita, muerta, la dejan en la salita y los tres varones se van sin que el médico advierta nada, ni llamara inmediatamente a la policía que quedaba literalmente al lado. La comisaría queda al lado de la salita de salud donde fue llevada Lucía Pérez un sábado a las 15:30 de la tarde, muerta. Allí falló también el sistema de salud.
Luego falló la policía con el sistema de investigación. La policía fue a buscar las pertenencias de Lucía a la casa de uno de estos varones, sabiendo que era una chica jovencita muerta traída por tres varones, sin que éstos tuvieran la calidad de sospechados por parte de la policía. Los tomaron como si fuera cualquier vecino que le entrega las pertenencias de una persona que se las olvidó en la casa.
No estamos hablando sólo de leyes, no estamos hablando sólo de cómo actúan jueces/zas, estamos hablando del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la educación, la salud y la policía. Así que esto nos parece también que es una deuda pendiente y debe responder el Estado.
Este juicio estará en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, integrado por Roberto Falcone, Gustavo Raúl Fissore y Alexis Leonel Simaz y se desarrollará hasta el 1° de marzo de 2023.
Con la esperanza intacta y cimentada en la lucha compartida, esperamos que en el fallo de este segundo juicio se haga justicia, por la memoria de Lucía que hoy no puede estar, por su familia que nunca bajo los brazos y por todas las que seguimos vivas, exigiendo terminar de una vez con la justicia patriarcal que insiste en inclinar la balanza (casi) siempre para el mismo lado.
Nota al pie: La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, acompañará hoy martes 7 de febrero, junto a la subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas, el comienzo del nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez que se desarrollará en el T.O.C 2, ubicado en Almirante Brown al 2046.
La Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza acompaña a la familia y exige justicia para Lucía.
* La Dra. María Florencia Piermarini es Directora de Acceso de Justicia de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza.
