Hay decisiones políticas que necesitan ser explicadas más allá de los titulares. La adhesión de la Argentina al llamado Consenso de Ginebra es una de ellas.
Empecemos por el nombre, porque no es un detalle. Cuando escuchamos “Consenso de Ginebra” podemos pensar en un acuerdo internacional surgido de Naciones Unidas o de alguno de sus organismos. No es así. Es una declaración política impulsada en 2020 por gobiernos conservadores, entre ellos los de Donald Trump y Jair Bolsonaro, que articula a distintos gobiernos y sectores de esa corriente para frenar los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, atacar el derecho al aborto y cuestionar la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos.
La declaración sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo. También afirma que el aborto no debe promoverse como método de planificación familiar y reivindica a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
Hace pocos días, el Gobierno de Javier Milei decidió que la Argentina adhiriera a esta declaración. La decisión fue formalizada el agosto de 2026 por el canciller Pablo Quirno.
Es importante aclarar qué significa y qué no significa esta adhesión. La firma no elimina la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ni modifica por sí misma la legislación argentina. Pero sería un error pensar que, por no modificar automáticamente una ley, carece de importancia. Expresa una orientación política y muestra con qué sectores y gobiernos busca alinearse la Argentina en una discusión que tiene consecuencias concretas sobre los derechos de las mujeres y las diversidades.
La declaración reivindica a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Nadie puede discutir la importancia de los vínculos familiares y de cuidado. Lo que sí debemos discutir es la idea de que existe una única forma legítima de familia.
Las familias son diversas: hay familias con madres y padres, con dos madres o dos padres, familias ensambladas, monoparentales y muchas otras formas de organizar la vida y los cuidados. La sociedad argentina cambió y esos cambios fueron acompañados por leyes que ampliaron derechos, como el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género.
Por eso, cuando se habla de “la familia” como si existiera un único modelo, no estamos ante una discusión meramente cultural. Estamos discutiendo qué familias son reconocidas, qué personas tienen derechos y qué lugar ocupa el Estado frente a las distintas formas de construir una vida en común.
Hay, además, situaciones que nos obligan a mirar con atención la distancia entre ciertos discursos y las prácticas concretas. Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei y consultor político vinculado a distintos dirigentes de la derecha latinoamericana, se encuentra detenido preventivamente en Bolivia e imputado por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, su ex pareja, quien sobrevivió a un ataque a tiros. Beller estaba embarazada al momento del hecho y la Fiscalía boliviana sostiene que ese embarazo habría sido relevante para establecer el móvil del ataque.
No se trata de anticipar una condena ni de reemplazar a la Justicia, sino de recordar que detrás de las palabras “familia” y “vida” hay personas concretas, relaciones concretas y también responsabilidades concretas.
La vida no termina en el nacimiento
A este Gobierno parece preocuparle especialmente la vida antes del nacimiento, mientras que las condiciones concretas de esa vida una vez que la criatura nace parecen ocupar un lugar muy diferente en sus políticas.
Defender la vida no puede significar ocuparse solamente de lo que sucede antes del nacimiento. Una política verdaderamente comprometida con la vida tiene que garantizar salud, alimentación, educación, vivienda, cuidados y protección frente a las violencias.
Los datos forman parte de esta discusión. La tasa de mortalidad infantil aumentó el 6,25%. Al mismo tiempo, las políticas de salud sexual y reproductiva sufrieron un fuerte retroceso: durante 2024 cayó drásticamente la distribución de preservativos y anticonceptivos y dejaron de distribuirse medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del programa nacional.
En este proceso de desmantelamiento de políticas públicas hay una excepción que tampoco es casual. La Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar continúan alcanzando a millones de niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad y funcionan como una red de contención frente al deterioro de las condiciones de vida. Sin esas prestaciones, la pobreza y la indigencia serían todavía mayores.
Pero eso no alcanza. Mientras algunas transferencias se mantienen, otras políticas vinculadas con la salud sexual y reproductiva fueron recortadas o desmanteladas. Si realmente estuviera en el centro de las prioridades de este Gobierno la protección de las infancias, deberíamos ver un Estado fortaleciendo las políticas que garantizan su alimentación, su salud y sus condiciones de vida.
La verdad es que las infancias les importan poco cuando se trata de garantizar derechos una vez que esas niñas y esos niños nacieron.
Decidir también es un derecho
Es justamente en este punto donde tenemos que hablar del derecho a decidir. Defender la vida y defender la autonomía de las mujeres no son posiciones contradictorias. Una sociedad que reconoce derechos debe garantizar tanto que una persona pueda decidir no continuar un embarazo como que quien decide continuarlo pueda hacerlo con acompañamiento, atención de salud y condiciones dignas.
En la Argentina, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoció el derecho de las mujeres y de otras personas gestantes a decidir sobre la continuidad de un embarazo dentro de los términos establecidos por la legislación. Junto con ella existe la Ley de los Mil Días, que establece políticas de acompañamiento durante el embarazo y los primeros años de vida.
Las dos leyes forman parte de una misma concepción: el Estado no debe obligar a una mujer a ser madre, pero tampoco debe abandonarla si decide serlo.
Por eso también son fundamentales la Educación Sexual Integral, el acceso a anticonceptivos y la provisión de preservativos. La autonomía comienza mucho antes de que exista un embarazo, con información, educación y acceso a la salud.
En la provincia de Buenos Aires y en La Matanza seguimos sosteniendo esas políticas. La ESI continúa, la provisión de anticonceptivos continúa y seguimos trabajando para garantizar el acceso a preservativos, aún en un contexto nacional de enormes dificultades.
Sin Estado no hay derechos
Detrás de esta discusión hay una pregunta más amplia: ¿qué Estado queremos y para qué sirve?
Desde una perspectiva feminista sabemos que el Estado es quien puede garantizar que un derecho no dependa de cuánto dinero tenga una persona, de dónde viva, de su género, de su orientación sexual o de la familia en la que haya nacido. Cuando el Estado se retira, quienes tienen recursos pueden buscar alternativas; quienes no los tienen quedan mucho más expuestos. Por eso, defender el Estado no significa defender una burocracia: significa defender la posibilidad concreta de que los derechos sean para todas y todos.
Los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales y de género no son un capítulo secundario de la democracia. No alcanza con poder votar cada cuatro años si no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, si una adolescente no recibe Educación Sexual Integral, si una mujer no puede acceder a anticonceptivos o si una persona es discriminada por su identidad.
Por eso debemos mirar el Consenso de Ginebra con atención. Los derechos que hoy tenemos fueron conquistados después de décadas de organización, militancia y lucha, y así seguiremos haciéndolo frente a cualquier intento de retroceso.
Porque sin derechos para las mujeres y para las diversidades sexuales y de género no hay democracia plena.
