Por Lic. Micaela Durigan

La ciencia ha comprobado que los primeros habitantes de nuestro territorio llegaron hace unos 13.000 años. La Declaración de la Independencia argentina se firmó hace 210 años.

Sin embargo, hay un hito mucho más cercano que a veces parece perdido en la inmensidad de nuestra historia: hace apenas cien años se sancionó la Ley 11.357, conocida como la Ley de Derechos Civiles de la Mujer.

Cien años. Parece mucho. No lo es.

Hasta entonces, el Código Civil argentino mantenía a las mujeres dentro de un régimen jurídico que restringía severamente su capacidad. La situación era especialmente desigual para las mujeres casadas, sometidas a numerosas limitaciones vinculadas con la autoridad marital.

La Ley 11.357, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre de 1926, produjo una ruptura importante con ese orden. Permitió, entre otras cosas, que una mujer casada pudiera ejercer una profesión, oficio, empleo, comercio o industria sin autorización marital o judicial y administrar lo producido por su trabajo. También amplió sus facultades sobre determinados bienes.

Pero la igualdad no llegó de una sola vez.

La historia de los derechos de las mujeres está hecha de avances sucesivos. La Constitución de 1949 incorporó la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida. Luego del golpe de Estado de 1955 fue dejada sin efecto, y la patria potestad compartida recién quedó definitivamente restablecida en democracia con la Ley 23.264 de 1985.

Muchas de las personas que hoy están leyendo esta columna ya habían nacido cuando nuestra legislación todavía no colocaba a madres y padres en un plano de igualdad respecto del ejercicio de la patria potestad. “No eras de tu mamá cuando ella te sostiene en brazos”.

Quizás por eso convenga recordar que los derechos que hoy parecen naturales alguna vez no existieron.

Ellas ya estaban empujando la puerta

La Ley 11.357 tampoco nació solamente dentro del Congreso. Mucho antes, numerosas mujeres venían cuestionando la desigualdad jurídica, política, educativa y laboral.

Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Dellepiane, Cecilia Grierson, Petrona Eyle, Juana Rouco Buela, Carolina Muzzilli y Alfonsina Storni fueron algunas de ellas.

No pensaban igual. Había socialistas, anarquistas, librepensadoras, médicas, docentes, escritoras, universitarias y militantes obreras. Pero compartían una idea fundamental: ser mujer no podía constituir una razón jurídica para tener menos derechos.

Las demandas iban más allá del voto. Se discutían la educación, el trabajo, la maternidad, la igualdad civil, la administración de los bienes, la participación política y la autonomía de las mujeres.

En 1947, la Ley 13.010 reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y varones y, en 1951, las mujeres argentinas pudieron votar y ser elegidas por primera vez en elecciones nacionales.

La historia de nuestros derechos, entonces, no pertenece a una sola persona, un partido ni una generación. Es una construcción acumulativa: una generación empujó la puerta y otra consiguió abrirla un poco más.

La “yo” política

No logro cobrar la cuota alimentaria que corresponde por mi hijo, a quien crío prácticamente sola. Y esa realidad, tan personal como compartida por tantas mujeres, me enfrenta a una paradoja: tener un derecho reconocido no significa necesariamente poder ejercerlo plenamente.

Yo pertenezco a una generación de mujeres que puede ser cabeza de familia y sostener económicamente su hogar; viajar, estudiar, ingresar a la universidad, trabajar, administrar sus ingresos y decidir sobre su propio proyecto de vida.

Soy, además, la primera generación universitaria de mi familia. Y cuando digo esto no hablo solamente de mujeres: provengo de una familia trabajadora. En mi historia, género y clase social inevitablemente se encuentran.

También pude ocupar un espacio de representación política y llegar al Honorable Concejo Deliberante de La Matanza como la primera concejala proveniente de la representación del Movimiento Obrero Organizado local.

Ese lugar nunca lo entendí únicamente como una conquista individual.

La Patria tampoco fue construida solamente por varones. María Remedios del Valle participó de las guerras por la Independencia; María Catalina Echevarría confeccionó materialmente la bandera que Manuel Belgrano hizo jurar a sus tropas; Macacha Güemes tuvo un papel político fundamental en Salta.

Recordarlas no significa borrar a los hombres que construyeron nuestra historia. Significa contarla completa.

Mi posibilidad de estudiar tiene detrás a mujeres que reclamaron educación. Mi posibilidad de trabajar y administrar lo que gano tiene detrás a quienes lucharon por nuestra capacidad civil. Mi posibilidad de ocupar una banca tiene detrás a quienes exigieron ciudadanía política y a mujeres que continúan abriendo caminos, como Susana Stochero, que resquebrajó el techo de cristal de la CGT al ocupar la Secretaría General.

Y mi dificultad para lograr que un derecho reconocido se haga efectivo me recuerda que todavía persiste una distancia entre lo que las normas consagran y lo que muchas mujeres vivimos todos los días.

Porque cada mujer que abrió una puerta hizo posible que otras pudiéramos atravesarla; y cada una de nosotras tiene, a su vez, la responsabilidad de dejarla un poco más abierta para las que vienen.

Ese “yo”, entonces, nunca es completamente individual.

Es un yo político.

Porque cada derecho que hoy puedo ejercer fue, alguna vez, la demanda colectiva de alguien que todavía no podía hacerlo.

Hace cien años ellas empujaron una puerta. Nuestra responsabilidad es no permitir que vuelva a cerrarse y seguir abriendo puertas para las que vienen.

* Micaela Durigan: licenciada en Administración, concejala mandato cumplido de La Matanza, secretaria de Acción Social del Sindicato Fibrocemento.

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