Por Lic. Micaela Durigan
En noviembre conmemoramos leyes que hicieron felices a las Marías, a las Gabrielas, a las Patricias, también a las Sofías. Y a tantas otras mujeres cuyos nombres no entran en una lista, pero cuyas luchas hicieron posible que hoy podamos escribir otra historia.
Desde 1853, el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional proclama la igualdad ante la ley. La jurista y profesora María Angélica Gelli nos ayuda a comprender que la igualdad no exige tratar a todas las personas de manera idéntica: permite distinciones razonables, pero rechaza la discriminación arbitraria, es decir, sin justificación razonable.
Sin embargo, entre proclamar la igualdad y hacerla realidad transcurrieron generaciones enteras. Mujeres que trabajaron, organizaron, reclamaron y golpearon puertas que parecían destinadas a permanecer cerradas.
En 1991, hace solo 35 años, la Ley 24.012 estableció un piso del 30 % de mujeres en las listas de candidaturas legislativas nacionales, con posibilidades reales de resultar electas. Fue una norma pionera en América Latina: no bastaba con figurar al final de una boleta para cumplir con la igualdad.
En noviembre de 2002, once años después, llegó otra conquista: la Ley 25.674 de cupo sindical femenino. Esta estableció una representación mínima del 30% en cargos electivos y representativos sindicales cuando las trabajadoras alcanzaran esa proporción, y una participación proporcional cuando fueran menos. Porque las mujeres también debían tener voz en las organizaciones que defienden el trabajo.
Y, hace recién nueve años, en noviembre de 2017, la Ley 27.412 dio un paso más: la paridad de género en las listas legislativas nacionales, con alternancia entre mujeres y varones. Del 30% al 50%. Del reclamo por entrar a la exigencia de compartir la representación política en condiciones de igualdad.
Ninguna de estas conquistas cayó del cielo. Detrás hubo debates, militancia, organización y mujeres que se negaron a aceptar que la política, la justicia o la conducción sindical fueran territorios reservados a los varones.
Mary Wollstonecraft, librepensadora del siglo XVIII y “abuela intelectual” de Frankenstein, escribió: “No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas”. No reclamaba invertir la dominación: reclamaba autonomía, educación y libertad para decidir.
Alfonsina Storni también cuestionó, con lucidez e ironía, los mandatos que pretendían asignarnos un lugar secundario. Su voz nos recuerda que participar no debería significar reproducir las viejas prácticas del poder, sino atrevernos a transformarlas.
Sobre estas tensiones he conversado muchas veces con Susana Stochero (primera y única mujer en la cúpula de la CGT) desde la experiencia que tenemos las mujeres en el movimiento sindical. Abrir una puerta no alcanza si las decisiones siguen tomándose sin nosotras.
Conquistamos el voto, ampliamos el acceso a la educación y a las profesiones y disputamos lugares de representación. Sin embargo, la pregunta sigue siendo incómoda: ¿de qué sirve que la igualdad esté escrita si todavía debemos demostrar, una y otra vez, que merecemos ejercerla?
Por eso, el próximo horizonte es profundizar la participación igualitaria también en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. No como una concesión ni como un gesto decorativo, sino como de una democracia que se debe a toda su sociedad.
Porque detrás de cada porcentaje hay una mujer a la que antes le dijeron “ese lugar no es para vos”. Hay una trabajadora que quiere decidir sobre su sindicato, una joven que imagina gobernar, una abogada que aspira a impartir justicia, una hija que merece crecer sin límites impuestos.
No queremos estar en las listas para completar un número. Queremos estar donde se discute el presupuesto, donde se escriben las leyes, donde se toman las decisiones y donde se administra justicia.
Y si todavía hay puertas cerradas, no vamos a agradecer que nos permitan mirar por la cerradura. Vamos a seguir abriéndolas. Por las que lucharon antes, por las que estamos hoy y por las que vendrán.
Porque la igualdad es dignidad que no se mendiga. Se reconoce, se garantiza y se ejerce.
* Micaela Durigan: licenciada en Administración, concejala mandato cumplido de La Matanza, secretaria de Acción Social del Sindicato Fibrocemento.
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