El 10 de enero de 2019 se promulgó la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, en referencia al femicidio de una joven entrerriana, de 22 años, en 2017 por Sebastián Wagner, quien había salido de la cárcel por habérsele concedido el régimen de libertad condicional luego de la violación a dos mujeres.
Que el sistema, sus funcionarios y el resto de agentes del Estado que intervinieron en esa decisión no hubieran detectado la peligrosidad que conllevaba, además del riesgo de no tomarse la denuncia de un padre por el atentado a otra joven, horas antes de la desaparición y el femicidio de Micaela García, fue el punto que llevó al a la exigencia de la sociedad y posterior análisis político, sobre la necesidad de su implementación.
El objetivo de la normativa, dados los antecedentes, fue la obligatoriedad de las instancias de capacitación para que, quienes son parte de la administración pública, en todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, puedan distinguir las situaciones de violencia o de disparidad de género con el propósito de actuar para identificarlas y prevenirlas.
Al ser aprobada, el 19 de diciembre de 2018, en la Cámara de Diputados el proyecto obtuvo 171 votos a favor y solo uno en contra, el del representante conservador por Salta, Alfredo Olmedo. En cuanto al Senado, se logró la unanimidad de los 59 presentes. Lo que dejaba en claro el consenso en cuanto al imperativo de su aplicación.
La ley busca un cambio en las percepciones de las personas en el desarrollo cotidiano de sus tareas laborales, más allá de cargos y posiciones. El fin desde entonces ha sido el de abandonar la naturalización de las desigualdades de género y colaborar para que se produzcan las modificaciones desde el lugar que sea en el que se actúe.
El contexto nacional
En la actualidad, desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, se ha buscado reducir sus alcances. Ya no es obligatoria para toda la administración pública y el concepto de perspectiva de género fue cambiado por el de violencia familiar. Además de eliminarse áreas especializadas en la temática, como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y otros de características provinciales* o distritales.
Estas situaciones provocaron que las supervisiones y los proyectos disminuyeran en cuanto a su periodicidad y, de forma significativa, en lo que se refiere a la calidad. En el presente, a nivel nacional, el órgano de implementación es el Ministerio de Capital Humano.
La situación en La Matanza
El recorrido de la normativa en la provincia de Buenos Aires acompañó las decisiones nacionales desde un primer momento. La reglamentación local lleva el número 15.134 bajo el rótulo “Ley Micaela Bonaerense”, de fecha 21 de marzo de 2019.
Desde el Municipio de La Matanza se comparte la implementación con la ordenanza número 25.662, del 3 de febrero de 2020. La Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades (SMPGyD), que comenzó sus funciones en agosto de ese año, apuntó, desde sus inicios, a la continua elaboración e implementación de políticas públicas que minimicen las asimetrías de género y tengan entre sus propósitos eliminarlas.
A través de la Dirección de Políticas de Actualización de Conocimientos (PAC), la SMPGyD logró la articulación con otras áreas del municipio, organizaciones y hasta empresas privadas, sensibilizadas por los efectos de un machismo que se visualizó como imprescindible de erradicar. Esto llevó a que, desde 2020, se capacitara a más de mil personas entre quienes se encuentran autoridades, agentes distritales, áreas de organismos, organizaciones, industrias y comercios.
Se dio inicio en la primera etapa con el Poder Ejecutivo Municipal y luego se trabajó, entre otros, con espacios como el Consejo del Niño y del Adolescente, la Dirección de Prevención y Asistencia a las Adicciones, las mesas territoriales, organizaciones comunitarias, el Foro Municipal de Seguridad y empresas privadas, tal el caso de la automotriz Wega.
Compromiso
A pesar de las limitaciones en el contexto del país, la promesa de concientización de las disparidades y la sensibilización de las violencias para el logro de una vida más justa en el caso de mujeres y diversidades sexogenéricas, lleva a instancias ininterrumpidas en las capacitaciones.
Desde la SMPGyD se renueva el pacto realizado hace cinco años en cuanto al trabajo de prevención, con el desarrollo de la legislación disponible, como la Ley Micaela y la ESI, con proyectos situados según el trabajo de cada área de participantes, con especial atención a las masculinidades y la importancia de lograr otras formas de experimentarlas.
El equipo profesional que realiza las capacitaciones se actualiza en forma constante para lograr más efectividad de sus propósitos en una sociedad que ofrece desafíos diarios y que se enmarca en las dificultades del encuadre tanto nacional como internacional sin perder el objetivo de una vida más justa para todas.
Foto de Portada: Capacitación en Ley Micaela para integrantes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, el 11/8/2023 – Fotos SMPDGYD
* La Provincia de Buenos Aires (PBA) es la única jurisdicción que mantuvo un Ministerio específico de Mujeres, Género y Diversidad, con Estela Díaz al frente.
