El 9 de septiembre, la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, publicó en sus redes sociales una placa por el Día Mundial de las Falsas Denuncias, alegando que era una fecha propicia para reflexionar sobre “el daño” que hizo el “feminismo radical” a nuestra sociedad.
“En nuestro país se estima que el 7% de las denuncias son falsas, sin consecuencias para la mentira, rompiendo el principio de igualdad ante la ley, de inocencia y de defensa, destruyendo los vínculos de miles de familias y principalmente a muchos padres que no pueden ver a sus hijos”, expresó en la red social X.
A raíz de esto, nos preguntamos varias cosas…
En primer lugar:
¿De dónde toma el dato la Vicepresidenta?
Y luego, suponiendo que ese dato sea cierto…
¿Pesa más el 7 % falso que el 93% de denuncias reales de violencia de género, abusos a infancias y maltrato?
Victoria Villarruel afirma además (sin evidencia alguna) que quienes hacen denuncias falsas no tienen consecuencias ante la ley, eligiendo ignorar que las denuncias falsas en Argentina están reguladas por la Ley de Abuso de Autoridad N° 27.348 y el artículo 245 del Código Penal Argentino de la Nación Argentina.
Una grosera evidencia de la operación política de humo y circo tribunero a la que la abogada negacionista del Gobierno de La Libertad Avanza nos tiene acostumbradas.
Estamos más desprotegidas
Según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, en Argentina en los primeros ocho meses del 2024 hubo 194 víctimas de violencia de género.
Un dato sobresaliente dentro del informe es que apenas 27 de esas víctimas habían realizado denuncia, lo que está íntimamente relacionado al difícil acceso a la Justicia que tenemos las mujeres y diversidades.
Según el mismo informe, el 56 % de los agresores eran parejas o exparejas. Además, 60% fueron asesinadas en su hogar.
En otras palabras: el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor.
No obstante estos datos, el gobierno nacional modificó por decreto el programa Acompañar que otorgaba un salario mínimo, vital y móvil -sin la necesidad de exponerse presentando una denuncia- a víctimas de violencia de género para ayudarlas a salir de esa situación. La asistencia monetaria ahora pasó de 6 a 3 meses y exigiendo la denuncia como condición obligatoria para el acceso al programa, un obstáculo difícil o imposible de sortear para muchas mujeres y diversidades sexuales en contexto de violencia de género, que en muchos casos aumenta el peligro, ya que el agresor enfurece al enterarse de la presentación judicial que lo somete a la observación del sistema judicial.
Que el Estado condicione a quienes sufren violencia de género a denunciar es algo cruel y sinsentido en un contexto en el que desde el Poder Ejecutivo ponen un manto de duda sobre ese mismísimo acto.
Es cierto que en estos casi diez años avanzamos considerablemente con perspectiva de género en nuestro acceso a derechos y esto ha sido gracias a la movilización en las calles y a más mujeres feministas ocupando lugares de definición de políticas públicas en el Estado.
Recién en el año 2015 y tras las primeras marchas del “Ni Una Menos” en nuestro país:
- se empezaron a publicar estadísticas oficiales sobre femicidios y denuncias de violencia (que hoy nos permiten refutar discursos sesgados como el de Villarruel) y
- se diseñaron políticas públicas a nivel nacional para atender estas problemáticas como la Línea 144 o programa Acompañar, ambos desfinanciados y desmantelados por el actual gobierno nacional.
Aún así, son muchas las mujeres que continúan enfrentando muchas barreras a la hora de presentar denuncias y también durante el proceso judicial, sin lugar a dudas una deuda que cada vez parece más lejos de saldarse, con un poder Ejecutivo que niega la violencia de género y un Ministro de Justicia que actúa en sintonía.
¿Qué tipo de familia protege Victoria Villarruel?
Un análisis del Programa “Las víctimas contra las violencias”, hecho en noviembre del 2021 por el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a Unicef, arrojó datos estremecedores sobre las infancias atendidas por ser víctimas de abuso, malos tratos, explotación y prostitución infantil:
- De un total de 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas en consultas por violencia sexual, un 77% eran niñas de entre 12 y 17 años.
- El 36,2% de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sucedió en el hogar, y el 3,4% en la vivienda de un familiar.
- De los agresores, el 56,5% eran familiares y 17,7% conocidos no familiares.
Al ejemplificar el amplio espectro de las denuncias falsas con “padres que injustamente no pueden ver a sus hijos”, Victoria Villarruel elige abonar el (inexistente) Síndrome de Alienación Parental:
una ficción utilizada para hablar de manipulación o “lavado de cabeza”, rol que generalmente se adjudica a la madre para enfrentar a lxs hijxs contra el padre.
La implementación del Inexistente SAP crece al ritmo del lobby mediático y suele ser utilizado judicialmente para intentar revincular a las infancias con sus abusadores.
En el contexto actual es necesario recordar que el Inexistente SAP no posee entidad científica médica, psiquiátrica o psicológica y no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, las Asociaciones Profesionales de la Medicina, la Psiquiatría o la Psicología ni en los ámbitos académicos y universitarios.
Los feminismos construimos redes, acompañamos a las Madres Protectoras frente al sistema judicial que dilata sus denuncias, tomamos la agenda de las infancias y les decimos que les creemos.
Denunciar sirve.
Denunciar salva vidas.
Si vos o algunx conocidx necesitan denunciar algún tipo de violencia y no saben por dónde empezar, te acompañamos.
| Si estás en La Matanza contás con la Línea 0800-999-7272 (PARÁ) para recibir asesoramiento. En Provincia de Buenos Aires y en el resto del país podés contactar la línea 144 o bien la línea 148 opción 3. |
Diseño de Portada: Cristian Arrejin
