Cerramos el 2025 con un gran festejo: se cumplieron 5 años de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y lo primero que nos debemos es festejarlo, porque se trata de un logro que se gestó colectivamente en la calle, en las instituciones, en el sistema judicial.
Lo hicimos entre todas y todos. Y lo conseguimos.
Sin embargo, vivimos en una época en la que un presidente dice que el aborto es responsable de la baja de natalidad en el mundo y una ministra de Seguridad, ahora diputada nacional, que cree (o eso dice) que los feminicidios son responsabilidad de las feministas.
En este complejo contexto arrancamos el 2026, con el desafío de hacer cumplir la ley. Atentas a que hay un grupo importante de organizaciones, como la Colectiva Feminista Federal, Amnistía, ELA, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que denuncian que cada vez hay más barreras para acceder a la IVE.
Esto se traduce en que en algunas provincias pareciera que la ley está derogada. ¿Por qué? Porque no se compran los insumos o porque se desfinancian los presupuestos en los centros de salud para que las mujeres puedan acceder a este derecho que supimos conseguir después de años de lucha y muchas víctimas.
Sin el insumo y sin personas calificadas que asistan no hay manera de que la ley se sostenga.
En la provincia de Buenos Aires con el esfuerzo de Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y en La Matanza, gracias al impulso de Fernando Espinoza y de la mano del secretario de Salud, Alejandro Collia, se mantiene el abastecimiento de misoprostol a los centros de salud, el principal tratamiento médico que se utiliza para la IVE.
Pese a todas las dificultades sostenemos la ley, que no es solo un asunto de “mujeres”, sino que es un asunto de la ciudadanía en su conjunto.
En este escenario que estamos atravesando de negacionismo, crueldad y desfinanciamiento de programas claves y vitales, hay un notable retroceso para el acceso a la IVE y quienes más lo denuncian son las socorristas, aquellas mujeres que antes de la vigencia de la ley acompañaban a quienes querían abortar a realizarlo en condiciones más seguras.
Es importante recordarlo: el aborto existía aunque no hubiera ley; era clandestino e implicaba un altísimo riesgo de salud. Porque no mata el aborto, mata la clandestinidad.
En la lista de los retrocesos también es importante destacar que aumentan las enfermedades de transmisión sexual, porque el Gobierno nacional no distribuye preservativos, y aumentan también los embarazos no intencionales, porque se eliminó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA) y se desfinanció la ESI.
Toda esta regresión parece en línea con quienes levantaron la mano en el Congreso Nacional para votar un presupuesto que es infame por varias razones, pero una de ellas es que desfinancia estas situaciones que tienen que ver con la salud, en particular de las mujeres y en especial de las mujeres pobres. Porque otra vez volvemos al tiempo en que la que tiene dinero se pagará el aborto en un consultorio con un médico que habrá podido conseguir el misoprostol pagándolo, algo que para los hospitales públicos será cada vez mas difícil si no hay un presupuesto nacional que le dé los recursos necesarios.
Los primeros cinco años de este hito colectivo los celebramos con alegría y también con la convicción de que debemos estar atentas para levantar la voz cada vez que sea necesario.
Defender nuestros derechos es defender la democracia.
Foto de Portada: SMPDGYD de La Matanza
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