El 10 de diciembre de 1983, hace 39 años, Raúl Alfonsín asumía como presidente de la Argentina. La fecha elegida tenía un peso simbólico: en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas había establecido esa fecha como el Día de los Derechos Humanos, tras adherir a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La asunción presidencial en dicha fecha marcaba entonces un hito, a modo de recordatorio de lo que había sido pisoteado y violado: los derechos humanos. A un año de entrar en la cuarta década ininterrumpida de democracia en nuestro país, cabe preguntarnos ¿Cómo funciona nuestro sistema de justicia?
¿Cómo hablar de Derechos Humanos cuando tenemos profesionales de la abogacía, fiscalas/es y jueces/zas que por omisión, desidia, machismo, dejan dormir en los cajones de sus escritorios causas contra agresores físicos o deudores alimentarios, en un país donde el 53% de las familias monomarentales vive por debajo de la línea de pobreza*?
También sucede con frecuencia que obligan a criaturas que no pueden defenderse a vincularse con sus agresores, sin considerar la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, parte del concepto macro de los derechos que supimos conseguir con mucha militancia.
¿Cómo hablar de Derechos Humanos después del Patagonia Leaks, que sacó a la luz chats de Telegram donde jueces, empresarios de medios y políticos confabulan para esconder una reunión que no debía producirse y mucho menos conocerse públicamente?
El mismo entramado -la pata civil empresarial que operó durante la última Dictadura- impune avanza, teje y no se sonroja.
La misma (in)Justicia rancia que tiene en el norte de nuestro país a Milagro Sala como presa política -hace ya casi 7 años- y en el sur detenidas a hermanas mapuche por reclamar por su territorio ancestral, en una Patagonia extranjerizada donde la balanza siempre está del lado del poder real.
¿Cómo hablar de protección de derechos con una Justicia putrefacta, cuya Corte tiene a más del 50% de sus jueces designados por DNU durante el gobierno macrista**?
“¿Cómo?”, me pregunto, si a pocos días de cumplirse 45 años de los secuestros y desapariciones forzadas de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, el genocida Alfredo Astiz pidió, una vez más, ser excarcelado. Para salir a la calle y andar suelto, un condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad, sin que esto sea una novedad digna de cobertura en los grandes medios (afortunadamente el Tribunal Oral Federal 5 rechazó el pedido).
A la histórica Marcha de la Resistencia, realizada el 1° de diciembre -la número 2329- Hebe de Bonafini no pudo asistir. Murió el 20 de noviembre pero como otras Madres y Abuelas que ya no están en este plano, nos dejó un legado y el deber moral de seguir acompañando esas rondas donde ocurre la insólita magia de caminar en círculos para no perder el norte y así avanzar.
Un aniversario más para repetir que el único lugar para un genocida es la cárcel común. Un aniversario más para confirmar que ningún derecho se conquista sin lucha ni se mantiene sin memoria colectiva y activa, de esto aprendimos mucho las feministas y los organismos de derechos humanos.
Un aniversario más para insistir en que una reforma judicial popular y feminista es indispensable para que realmente empiece a haber algo más que simulacros de justicia.
* Fuente: datos del primer trimestre 2022 de la Encuesta Permanente de Hogares.
** Por Decreto 83/2015: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz -Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/256848/norma.htm
