Solo en los primeros seis meses del 2025 se registraron 127 víctimas de violencia de género en Argentina: 118 femicidios, 1 lesbicidio y 8 femicidios vinculados de varones adultos.
Los números fueron difundidos por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, que también dio cuenta que como consecuencia de esta realidad 116 niñas y niños quedaron huérfanos, la mitad de ellos menores de edad.
Esas infancias deberían estar recibiendo la reparación que garantiza la Ley Brisa pero esto no está ocurriendo: a siete años de su promulgación está siendo desarticulada por el Gobierno nacional.
Desde fines de 2023 prácticamente no se han registrado nuevas altas en el programa. Las dificultades para acceder al beneficio, la falta de promoción, la burocratización del trámite y la ausencia de voluntad política han convertido a la Ley Brisa en un derecho -otro más- paralizado.
Una Ley para las infancias vulneradas
El 4 de julio de 2018, el Congreso aprobó la Ley Brisa (27.452) que establece una reparación económica mensual para hijas e hijos de mujeres asesinadas por femicidas o que hayan fallecido como consecuencia directa de violencia de género.
Este derecho busca garantizar un piso de protección económica para quienes además de perder a su madre, quedan muchas veces desamparados. La reparación se extiende hasta que cumplan 21 años y equivale a una jubilación mínima (en el caso de alguna discapacidad, este monto se recibe de por vida).
El municipio de La Matanza, a través de la gestión de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, ha sido pionera en la implementación de políticas públicas concretas para garantizar el derecho a esta protección económica.
Entre 2020 y 2023, 48 niños y niñas accedieron a este derecho, un número que superó ampliamente el promedio nacional.
En 2024 y lo que va de 2025, la Secretaría continuó llevando adelante todas las gestiones necesarias a pesar de la desfinanciación total del programa por parte del Gobierno nacional, reafirmando su compromiso con las familias atravesadas por estas violencias extremas y exigiendo la modificación de la ley para garantizar su aplicación universal.
El contexto nacional agrava aún más el escenario: el 60% de los femicidas eran parejas o exparejas, y el 68% de los crímenes ocurrieron en el hogar de la víctima.
En Buenos Aires -la provincia con más casos- se repite la tendencia que viene marcando cada informe: la vivienda sigue siendo el lugar más inseguro para una mujer que atraviesa una situación de violencia.
A esto se suma el desmantelamiento de políticas públicas en materia de género. Entre las últimas medidas, el Gobierno nacional eliminó por decreto las jornadas Educar en Igualdad (Ley 27.234), que promovían la prevención de la violencia desde las aulas.
Además, el Ministerio de Justicia excluyó la perspectiva de género como criterio prioritario en los concursos para designar funcionarios judiciales.
Estas decisiones no son neutras: desprotegen, abandonan y silencian.
En este contexto, parece necesario recordar: la Ley Brisa es una ayuda, pero también una reparación. Un reconocimiento del Estado por no haber evitado esa muerte. Y el deber de la sociedad de garantizar derechos a niños, niñas y adolescentes.
Desde La Casa del Encuentro alertan que la violencia de género no es una cuestión de inseguridad sino de Derechos Humanos, y que “gestionar no es destruir”, dado que el Estado está incumpliendo con leyes vigentes y tratados internacionales y no es posible hablar de libertad si no se garantiza el derecho básico a vivir una vida libre de violencias.
En un país donde 12 femicidas se suicidaron, 11 eran o habían sido parte de fuerzas de seguridad, y solo 20 víctimas habían podido denunciar, es urgente recordar que el Estado es responsable.
La Ley Brisa no debe ser letra muerta. Los derechos no se ajustan. Se garantizan.
Foto de Portada: Muestra de Arte en el marco del Día Internacional de la Mujer, año 2022. Artista de la obra @vinamutante
