El lunes 2 de diciembre asistimos a un espectáculo deplorable:
Acompañada por su madre y por la senadora Carolina Losada, una chica de 18 años denunció frente a una comisión parlamentaria que cuatro años atrás y con 14 años había denunciado falsamente por abuso a su padre porque le caía mal. La chica, quien leyó de un papel todo su testimonio, dijo que ella misma ideó ese plan para sacarse a su padre de encima pero que se arrepintió por haber hecho que lo encarcelaran y apuntó a su escuela, donde supuestamente le llenaban la cabeza con el feminismo o “hembrismo” (sic).
Pero más que el testimonio en sí, preocupa el contexto:
Su declaración se dio no casualmente en medio del debate en comisiones de un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal en los artículos vinculados a las falsas denuncias, impulsado por la senadora Carolina Losada (UCR-Cambiemos) y el riojano de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto.
Esta iniciativa pone en riesgo el derecho a denunciar de las mujeres e intenta disciplinar a quienes las acompañan en la ruta crítica.
El proyecto de ley cuenta con el apoyo total del otrora abogado defensor de abusadores y actual Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, que el martes 26 de noviembre argumentó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que:
“Gran parte de las falsas denuncias son por cuestiones de violencia y producen daños irreversibles: hay gente en prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia, desprestigio familiar y social, pérdida laboral. Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”.
El representante de la cartera de Justicia citó, como parte de su argumentación a favor del proyecto de ley presentado por Losada, un artículo del CONICET* (escrito hace más de 22 años, firmado por la licenciada Marta Durantini de Albarracín) que asegura -según el Ministro- que durante procesos de separación y divorcio, 2 de cada 3 denuncias de abuso sexual infantil son falsas.
Lo que olvidó decir el Ministro Cúneo Libarona es que la misma investigadora publicó una nota en 2002 en Página 12 donde aclaraba que los resultados se alcanzaron luego del análisis de 52 historias clínicas.
La misma autora, en diálogo con el sitio Chequeado agregó en 2022 (¡veinte años después!) que “por el pequeño tamaño de la muestra analizada, los resultados no son representativos de la situación general”.
Y en el berenjenal, una certeza: la falta de datos, que da lugar a inventos como el que supo propagar Victoria Villarruel el pasado 9 de septiembre, Día Internacional contra las Falsas Denuncias, cuando aseguró que en Argentina un 7% de las denuncias son falsas, sin citar fuente alguna que corrobore el dato.
“No hay estadísticas en relación a las falsas denuncias en casos de violencia de género y violencia sexual. No hay datos fidedignos”, señala la Dra. María Florencia Piermarini, Directora de Acceso a Justicia de la Secretaría, “y esto es lo que denuncia justamente Ileana Arduino”, señala.
Arduino es coautora con Julián Alfie y Celeste Pousa de “El laberinto de la desinformación en el sistema penal y la violencia de género”**, un documento que resalta la falta de información sobre las respuestas del sistema judicial y de los organismos públicos a las denuncias de violencia de género.
Para la Dra. Piermarini está claro que “el proyecto de ley no tiene ningún fundamento ni rigor científico porque no hay números oficiales sobre lo que afirma de las falsas denuncias”.
El proyecto de ley no tiene ningún fundamento ni rigor científico porque no hay números oficiales sobre lo que afirma de las falsas denuncias.”
Dra. María Florencia Piermarini, Directora de Acceso a Justicia de la Secretaría
Por su parte, Andrea Vázquez, Codirectora de Acceso a Justicia de la Secretaría y Madre Protectora, sostiene que:
“El falso testimonio es delito según el Código Procesal Penal desde 1921. Este proyecto pretende modificar el código penal para aumentar las penas y criminalizar a quienes denunciemos y a quienes nos defiendan y acompañen a denunciantes de violencia sexual- peritos/as, abogadas, que en la mayoría son mujeres”.
El falso testimonio es delito según el Código Procesal Penal desde 1921. Este proyecto pretende modificar el código penal para aumentar las penas y criminalizar a quienes denunciemos y a quienes nos defiendan y acompañen a denunciantes de violencia sexual- peritos/as, abogadas, que en la mayoría son mujeres.”
Andrea Vázquez, Codirectora de Acceso a Justicia de la Secretaría y Madre Protectora
En relación al testimonio de la joven de 18 años, la Dra. Vázquez agrega:
“Al desconocer los datos de la causa, no sabemos si hubo una denuncia, un procedimiento penal. Por lo que escuchamos en su relato, con elevado monto de angustia cuenta que denunció a su padre cuando tenía 14 años. Dice que está preso hace casi 5 años… para eso tuvo que haber intervenido un Tribunal Oral Criminal, tuvo que haber habido un debate oral, en donde se examinaron las pruebas y se tuvo que haber considerado que esas pruebas eran contundentes como para condenarlo”, explica, ya que “para que priven de la libertad a alguien, sobre todo en este tipo de delitos, la palabra de las víctimas no suele ser suficiente, las declaraciones en Cámara Gesell, son examinadas por equipos técnicos que en la mayoría de los casos no les creen a las víctimas: cualquier margen de duda es a favor de los imputados, por eso los absuelven. Este crimen es uno de los delitos más impunes”, reflexiona y agrega:
“En todo caso lo que hay que poner en tela de juicio es la actuación del poder judicial que nos demuestra a diario no creer en la palabra de niños, niñas y adolescentes, por sesgos y prejuicios en los que dicen que su relato es Alienación Parental y otros pseudoconceptos y no les creen cuando relatan violencia sexual”.
En todo caso lo que hay que poner en tela de juicio es la actuación del poder judicial que nos demuestra a diario no creer en la palabra de niños, niñas y adolescentes, por sesgos y prejuicios en los que dicen que su relato es Alienación Parental y otros pseudoconceptos y no les creen cuando relatan violencia sexual.”
Andrea Vázquez, Codirectora de Acceso a Justicia de la Secretaría y Madre Protectora
Por otra parte, apunta:
“Hay que poner el foco en cuál es el motivo por el cual quienes impulsan el proyecto de ley exponen a una joven con elevado nivel de angustia a tomar un micrófono para decir que denunció falsamente. No sabemos los datos de la causa ni los motivos por los que ahora se retracta. En muchos casos de violencia sexual en las infancias las víctimas se retractan por temor o por amenazas sobre su vida o la vida de las personas que las acompañan. Siempre en los delitos de violencia sexual está la coacción. El móvil no es la satisfacción sexual sino el abuso de poder. El mismo poder con el cual pretenden restablecer el orden patriarcal criminalizando a quienes con valentía se atreven a denunciar y atravesar un juicio con el costo emocional que conlleva”.
Un dato contundente, más allá del testimonio puntual que se viralizó las últimas horas, es que el 1% de los imputados en este tipo de casos son condenados, según un artículo publicado por el Doctor Carlos Rozanski -ex Juez de Cámara Federal y presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS)- en una revista de divulgación científica de la Universidad francesa de Limoges.
Pero entonces…
Si el Estado se desentiende de su rol y se niega a producir datos que permitan pensar nuevas políticas públicas -tanto cuantitativos como cualitativos- arremete de manera encarnizada contra todo lo que se relaciona a políticas de género y habilita proyectos de ley para perseguir a quienes se animan a denunciar ¿qué futuro avizoramos?
Y, como se preguntó en redes la Ministra de Mujeres de PBA, ¿Cómo piensa dar respuesta Cúneo Libarona con un Estado vaciado?
Por otra parte, ¿cuáles son las cifras concretas que sí tiene la Justicia y la sociedad civil al alcance de la mano?
Según datos consignados al 7 de enero de 2024 por el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG) de PBA:
● el 75,1% de las personas que son víctimas y denuncian en procesos penales de violencia familiar y/o de género son mujeres o niñas, mientras que, según el mismo registro,
● el porcentaje de personas de sexo masculino imputadas en dicho procesos asciende al 71,6%.
Agravar las penas sólo para casos por violencia de género y violencia sexual apunta entonces y sin lugar a dudas a amedrentar a las mujeres víctimas de violencia y madres protectoras.
Piermarini reflexiona : “De prosperar este proyecto se impedirá y dificultará aún más el acceso a la justicia, garantizando el silencio de las víctimas y la impunidad de los victimarios”.
De prosperar este proyecto se impedirá y dificultará aún más el acceso a la justicia, garantizando el silencio de las víctimas y la impunidad de los victimarios.”
Dra. María Florencia Piermarini, Directora de Acceso a Justicia de la Secretaría
El gobierno es negacionista y profundamente antifeminista.
Desde su primera acción -que fue el anunciado final del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación- el derrotero del ataques a los logros de la sociedad en Derechos Humanos no se detiene.
Y lo ampara la impunidad de un sistema judicial encabezado por Cúneo Libarona y un sistema político que no consigue salir de su estupor.
La Secretaría, el Municipio, la provincia de Buenos Aires mantienen su compromiso sosteniendo las políticas públicas que nos enorgullecen mientras planificamos para el 2025 el fortalecimiento de todas ellas.
Tenemos la potencia de las voces que silenciaron y la fuerza de un territorio que está de pie.
¡Al silencio no volvemos nunca más!
* “Denuncias de abuso sexual: falsedad y veracidad”, artículo incluido en Prevención en salud mental. Escenarios actuales, por Elsa Wolfberg (comp.), de reciente aparición (Lugar Editorial).
** Publicación disponible en la web del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip.
Foto de Portada: Internet
